MONTANER J.M. MUXI Z., Arquitectura y política.Gustavo Gili. Barcelona, 2011.
Págs. 159-196.“Vulnerabilidades”
A principios del siglo XXI, dicho problema sigue siendo acuciante en las grandes ciudades de los países desarrollados y lo es, paradójicamente, en la España contemporánea, caracterizada por el capitalismo inmobiliario y por la política neoliberal aplicada desde 1997 hasta el 2004. Basándose en la falsedad de que la vivienda era cara por la falta de suelo, en 2000 se decretó que todo el suelo era urbanizable, una liberalización que generó una transformación insostenible. Se demostró que no es la cantidad sino la calidad — dotaciones, centralidad, servicios— lo que da precio al suelo, mientras que el precio de la vivienda lo fija el mercado en función del máximo endeudamiento posible de las familias. Mientras que en la mayor parte de Europa —Francia, Austria, Finlandia, Suecia, Alemania, etc.—, a pesar del encarecimiento del precio de la vivienda, se ha intentado garantizar el derecho a una vivienda digna, con el control de los precios y la promoción de vivienda protegida adecuada al Estado de bienestar, en nuestro país, las dos legislaturas gobernadas por la política de derechas consiguieron hacer reaparecer el problema de la vivienda bajo la fórmula de la “burbuja inmobiliaria”, que empezó a deshincharse en el 2007. Este grave factor de riesgo, por el dominio del sector inmobiliario en el Estado español y por los efectos de exclusión, fue especialmente destacado en los informes que el relator de las Naciones Unidas para el derecho a la vivienda, Miloon Kothari, elaboró en 2006 y 2007.
El problema no es que la mayoría de las personas no tengan vivienda en España —el 82 % de las viviendas, se dice, están habitadas por propietarios—, sino que la mayoría de las familias están hipotecadas de por vida y que los riesgos de exclusión aumentan. Solo los créditos para vivienda representaban el 62 % de la renta disponible en 2003 y la ratio de deuda crediticia total sobre la renta alcanzaba el 91 %. Ni se trata de que no se construyan viviendas, ya que nunca se habían construido tantas —700.000 en 2004—, sino de que un alto porcentaje están vacías, ya que son objeto de inversión o de abandono.
Debido al bajo rendimiento financiero de las bolsas a nivel mundial, la vivienda se convirtió en un festín especulativo para las inversiones tanto privadas, como de empresas y bancos. Al mismo tiempo, cada vez más población quedaba excluida, sin tener acceso a un derecho convertido en puro negocio. Las plusvalías del boom inmobiliario, que se reforzó desde 1997 hasta su estallido en 2007, han llevado a la inflación de precios de la vivienda más exagerada e irresponsable de la historia, que ha comportado un mayor empobrecimiento y debilidad de la economía de la mayoría de los ciudadanos españoles. Se puede calcular que casi el 30 % de los españoles, unos ocho millones, quedan fuera de la promoción privada y pública de vivienda, en los que se incluye el 20 % que está por debajo del umbral de la pobreza. Se trata de sectores marginados incluso de las políticas públicas, que no pueden acceder a viviendas sociales o de precios tasados.
La existencia de la burbuja inmobiliaria en el precio sobrevalorado de la vivienda era evidente. Según datos del año 2004, el Banco de España situaba esta sobrevaloración casi en un 20 % y The Economist en un 52 %. La crisis, por tanto, no ha obedecido a la escasez o al encarecimiento del precio del suelo, sino a un proceso de encarecimiento durante las últimas dos décadas, que viene determinado, más allá de los costes reales de producción, por dos varemos del mercado: por abajo, el precio máximo que una familia media puede llegar a pagar hipotecándose de 25 a 50 años, y, por arriba, el precio máximo que estuvieran dispuestos a pagar unos inversores que ni siquiera visitaban la vivienda que compraban.
Muchos países desarrollados han pasado por la experiencia de fuertes crisis relacionadas con los booms inmobiliarios: Holanda en 1982, cuando el precio real de la vivienda cayó un 48 % y Finlandia entre 1991 y 1992, un 47 %. El caso más espeluznante fue el de Japón, que, entre 1992 y 1996, sufrió una caída aproximadamente del 33 %, provocada por el blanqueo de dinero en el sector inmobiliario por parte de las redes de crimen organizado de los yazuka, las mafias japonesas dedicadas al tráfico de estupefacientes, la prostitución y la extorsión. En Japón se desencadenó un verdadero desastre financiero y social, con miles de personas que perdieron su vivienda (cuya hipoteca pasaba a estar por encima de su valor en el mercado), y se vieron abocadas a vivir solas en la calle, a pesar de que algunos mantuvieron sus puestos de trabajo. Es por ello por lo que en Japón, desde 2008, ha arrancado un proceso de lucha legal para romper los vínculos tan fuertes entre el sector de la construcción y los yakuza. Y a consecuencia de estas crisis, países como Holanda y Finlandia replantearon su política de vivienda, reforzando la creación de vivienda protegida. Hasta la redacción de este libro, la última gran caída ha sido la de Dubái, con una desvalorización de cerca del 50 % a finales del 2009.
Por tanto, se desvela que la caída del número de viviendas protegidas realizadas en España entre 1997 y 2004 no era nada inocente: para proteger los intereses inmobiliarios y mantener el alza de los precios, se procuró que la vivienda social, que de constituir el 50 % del total construido en la década de 1980 pasó solo al 10 % a finales de la de 1990, no compitiera en el mercado libre. Esta situación se trató de corregir con la nueva política desde el Ministerio de la Vivienda del Gobierno del PSOE (2004-2010), que en el año 2007 promulgó una nueva Ley del Suelo, que intentaba evitar el crecimiento expansionista y desarrollista, buscando un urbanismo acorde con el desarrollo sostenible; y desde las políticas autonómicas, como la de Cataluña, con su Ley para el Derecho a la Vivienda, elaborada por el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya, a pesar de que la coyuntura financiera no haya sido nada favorable para llevarla adelante.
Ciertamente, las diversas instituciones cercanas a la arquitectura han empezado a reaccionar después del 2004. Hasta entonces habían predominado las buenas intenciones en la manera de abordar el problema —con experiencias presentadas en distintas ediciones del Construmat en Barcelona, como Casa Barcelona, Barraca Barcelonao APTM, donde se abordaban interesantes temas proyectuales sin cuestionar el sistema legal y económico—, cuando no la dejadez. Solo a partir de 2005, tanto la Generalitat de Catalunya como el Ayuntamiento de Barcelona entendieron tarde la magnitud del problema: la proximidad con los afectados les hizo despertar de una aletargada dependencia de la nefasta política de vivienda estatal. Muestra de esta declaración de buenas intenciones fueron las recurrentes exposiciones de proyectos de vivienda de la Generalitat, que intentaban ser innovadores y flexibles, en el Colegio de Arquitectos de Barcelona y en la Escuela de Arquitectura de Barcelona hacia los años 2004 y 2005. El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, presentó en el 2004 un nuevo Pla de Sòl i Habitatge (“Plan del Suelo y de la Vivienda”).
A pesar de estos intentos e intenciones de la nueva legislación y de las nuevas promociones de vivienda social, se arrastran tres problemas graves: el retraso acumulado durante años en materia de legislación y promoción de vivienda pública; la imprevisión flagrante ante las consecuencias de la crisis inmobiliaria, imperdonable para los responsables políticos; y la de su inevitable y permanente lentitud en avanzar en estos procesos, con pesados pactos, tira y afloja, retrocesos y una enorme dificultad de condiciones, avances y puestas en práctica que, primero, tienen que pasar por la legislación y los cambios en la normativa. Y la irresponsabilidad de las entidades financieras y bancarias que no solo no han sabido hacer su trabajo, sino que exigen que se les ayude a salir del atolladero con dinero público. Nuevos problemas financieros, a partir de finales del 2008, han provocado que la mayor parte de las operaciones de vivienda pública y casi todas las de promoción privada se detengan. Y en 2010 se han empezado a poner en práctica las restricciones en las inversiones estatales.
A partir de 2009, con la crisis económica en España, la situación ha empeorado para los usuarios. Los desahucios por no poder pagar la hipoteca se han convertido en uno de los problemas sociales más importantes de Cataluña, con 44.000 familias a punto de perder su casa a finales de 2010; en España existen unas 230.000 ejecuciones hipotecarias. No olvidemos que en Estados Unidos unos 30 millones de personas han perdido su vivienda, o la pueden perder, a causa de la crisis de las hipotecas subprime, la mayoría de raza negra y de origen hispano. Y en nuestro país se ha ido desvelando un fenómeno terrible: quien no puede pagar por haberse quedado sin trabajo descubre que la hipoteca debida, sobretasada en el período de la burbuja inmobiliaria, sobrepasa ahora el precio real, que, por el procedimiento de ejecución hipotecaria, tras la subasta, ha caído al 50 % de su precio. El banco o caja que se queda la vivienda le reclama la diferencia entre lo que aún debe y el bajo valor actual, y extiende el embargo a avaladores y familiares, incluso en los países de origen, como Bolivia o Ecuador. Ni en los países de la Unión Europea ni en Estados Unidos, cuando la entidad financiera se queda la vivienda, reclama encima una cantidad.
Es por todo ello que hoy podemos hablar de neofeudalismo inmobiliario. En la Edad Media, los señores feudales se fueron apropiando de las tierras de los campesinos, a medida que había crisis de recolección, engrosando su ejército de siervos de la plebe. Hoy, el sistema financiero ha elaborado un paso más sofisticado aún para concentrar el poder y el dinero, y para producir exclusión, generando miles de siervos de los bancos.
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MONTANER J.M. MUXI Z., Arquitecturay política.Gustavo Gili. Barcelona, 2011.
Págs. 27-78.“Historias”
ALTERNATIVAS CONTEMPORÁNEAS
Existen varias generaciones de arquitectos -como Miloon Kothari, Enrique Ortiz, Raquel Rolnik, Anna Sugranyes, Victor Pelli, Graciela Dede o Ana Falú- que se dedican a la política social y vivienda y participan, como expertos en organismos internacionales, como la ONU, para fortalecer el cumplimiento de los derechos humanos, especialmente en materia de vivienda, con lo que han conseguido nuevas legislaciones internacionales y nacionales. Esto técnicos forman parte de redes variables de entidades y organizaciones, algunos ligados a universidades o institutos de investigación científica.
Algunos de ellos son muy destacados y han tenido gran influencia, como Victor Pelli, quien desde la Universidad del Nordeste, en Resistencia, Agentina, han generado una red de conocimiento y acción para la consecución de un derecho fundamental como es la vivienda.
Milon Kothari, arquitecto activista indio comprometido hace más de veinte años con la causa del derecho a la vivienda, trabajó entre el 2000 y el 2007 como primer relator para la ONU en el campo de la vivienda. También fue encargado de redactar la carta de la vivienda como derecho humano, firmada y aceptada por muchos países, aunque sistemáticamente incumplida, y se ha dedicado esos años a estudiar en todo el mundo los casos de violación de los derechos humanos en materia de vivienda, especialmente en los desalojos y de derechos a las mujeres. Miloos Kothari estudió arquitectura en Nueva Delhi, la India y se especializó en la Columbia University y en el Pratt Institute de Nueva York, pero no se dejó deslumbrar por el mundo del despilfarro de las estrellas de la arquitectura, sino que volvió a su país para intentar paliar las injusticias e implementar el cumplimiento de los derechos humanos.
Raquel Rolnik, experta en planificación urbana y muy crítica con el impacto del neoliberalismo en la producción de la ciudad, es catedrática del Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y en el 2008 fue elegida redactora de la ONU para el derecho a la vivienda digna, en relevo de Milooon Kothari. Ana Falú destaca por su compromiso con los derechos de las mujeres y fue directora de UNIFEM para América Latina hasta el 2009, para volver a su cargo de profesora en la Universidad Nacional de Cordoba. Y en Santiago de Chile, Anna Sugranyés, secretaria general de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC), está especializada en formulación, ejecución y evaluación de programas y políticas e vivienda social y desarrollo local.
En resumen, la acción política desde la arquitectura siempre ha existido, a pesar de que hay profesionales que niegan tal relación y que hacen política por omisión. Si la política es la organización social de un grupo que se desarrolla en un espacio, según desde donde se actúa en la relación de este espacio, este será integrador o segregador, inclusivo o exclusivo, se regirá según la aspiración o la redistribución de la calidad de vida o según la perpetuación de la exclusión y del dominio de los poderes. Es por ello que la arquitectura es siempre política.