BENEVOLO, L., Historia de la arquitectura moderna. Edit. Gustavo Gili. Barcelona, 1987.

Págs. 157-174.“Los intelectuales y el público frente al nuevo ambiente” 

Mientras los escritores cargan de tintas oscuras sus descripciones sobre la desolación de centros industriales y metrópolis, los informes de los ingenieros y reformadores sociales, analizan los mismos ambientes con un fin muy distinto; intervenir en ellos y cambiarlos o, al menos, aliviar los males mas graves. Los primeros rechazan totalmente el fenómeno, y no están dispuestos a hacer ninguna distinción; los segundos, que deben preparar para su acción práctica, se comprometen a aislar las causas, para atacarlas con disposiciones técnicas y administrativas, se comprometen también a hincar los puntos de apoyo de su actividad en la realidad misma.

Debido a esta diferencia de intereses, los escritores como Dickens y la opinión pública que ellos reflejan, prestan poca ayuda a los reformadores; terminando, incluso, por confundir en su rechazo, Coketown con cualquier persona que actúe y acepte, esta realidad.

La historia de la oposición a las leyes de sanidad de 1848 en Inglaterra y de 1850 en Francia es sumamente instructiva. Se diría que disposiciones tan racionales debieran adaptarse sin dificultad, sin embargo, encuentran toda clase de obstáculos; por parte de los propietarios de casas y terrenos a cuyos intereses afectan; por parte de los liberales, que temen limitaciones arbitrarias al derecho de propiedad privada; por parte de los conservadores, que ven con malos ojos cualquier novedad.

El radical The Economist del 13 de mayo de 1848, se queja de que el Public Healt Act no haya tenido una adecuada oposición y, renunciando a entrar en detalles porque la ley se refiere a “una gran cantidad de materias, que no podemos ni siquiera enumerar, sin manchar nuestro espacio con una lista de palabras casi ofensivas” (se trata de alcantarillados, recogida de basuras etc.), observa: “Los sufrimientos y las enfermedades son advertencias de la naturaleza; no se pueden eliminar; los intentos impacientes de la filantropía para barrerla del mundo por medio de leyes, antes de haber descubierto su objeto y su finalidad, han traído siempre como consecuencia más mal que bien”. Por fortuna, observa Bertrand Russell: “La filantropía del Parlamento estaba a prueba contra todos estos argumentos contrarios a la construcción de un sistema adecuado de alcantarillado, porque las epidemias causadas por su falta enfurecían a las gentes a pocos pasos de la Cámara de los Comumes”. 

Discusiones parecidas tienen  lugar en Francia, con motivo de la aprobación de la ley de Melun, de 1850. En Le Moniteur del 19 de diciembre de 1849, aparece : “ El asunto es delicado…el libre uso, la libre disposición de las cosas que pertenecen a un ciudadano exigen el más severo de los respetos, porque se trata de las primeras bases del orden social”.

 

No son los moderados quienes oponen tales objeciones de principio, sino los progresistas; están dominados por la preocupación política general, que J. Stuart Mill resume así: “La razón última y más poderosa contra la intervención del Estado es el daño, no pequeño, que se deriva del acrecentamiento innecesario de su autoridad”. La costumbre de trasladar todos los problemas a la esfera teórica obstaculiza los progresos de la planificación, que substanialmente es un problema  de graduación.