BENEVOLO, L., Historia de la Arquitectura Moderna. Edit. Gustavo Gili. Barcelona, 1987.

Pág. 813-941. "La segunda posguerra en Europa"

1.- La reconstrucción inglesa.

La crisis impulsa al gobierno a intervenir, mucho más frecuentemente que antes, en la vida económica, abandonando, además, después de más de un siglo, el principio del libre cambio; así se forman las condiciones para ejercer, también en el campo urbanístico, una acción más coercitiva.

En 1937 se nombra una Comisión real para estudiar la distribución de la población industrial, presidida por Sir M. Barlow. Sus fines son expresados de la siguiente forma:

Investigar las causas que han influido en la actual distribución geográfica de la población industrial en Gran Bretaña y la probable tendencia de los futuros cambios: considerar las desventajas sociales, económicas o estratégicas que se derivan de la concentración de las industrias y de la población industrial en las grandes ciudades o en zonas particulares del país; informar sobre las medidas a tomar para remediar esta situación en interés de la nación. 

La relación se publica en 1940, junto con veintiséis volúmenes de documentos, y describe con palabras muy duras las desventajas de la concentración demográfica y económica en torno a las grandes ciudades; reconoce que las administraciones y las leyes vigentes son incapaces de poner remedio, puesto que pueden mejorar la ordenación interna de la ciudades, pero no regular su crecimiento; sugiere la creación de una autoridad central que posea el control de los terrenos edificables, y aconseja - entre las soluciones técnicas adecuadas para corregir la distribución de los asentamientos, la formación de nuevas ciudades o la ampliación de ciudades existentes en posición favorable.

 Quizás este informe hubiera quedado en una simple recomendación teórica si no hubiese intervenido la guerra; los bombarderos masivos de Londres y Coventry han tenido, en la formación de las nuevas leyes urbanísticas inglesas, la misma función que las epidemias, un siglo antes, en la formación de las primeras leyes sanitarias.

Mientras se discute sobre la forma de reconstruir Londres, se nombran, en 1941, dos comités que completen la encuesta de la Comisión real: el primero presidido por Scott, para estudiar la utilización del suelo en las áreas rurales y el segundo, presidido por J. Uthwatt, para sugerir una solución al difícil problema de la indemnización, del que depende la posibilidad de un control urbanístico sobre el uso de los terrenos.

 

Ambos informes se publican en 1942 con breve intervalo. El comité Scott comprueba que la agricultura está gravemente amenazada por las parcelaciones arbitrarias en los márgenes de las ciudades industriales y afirma la exigencia de que la distribución de las actividades industriales en el territorio agrícola debe ser regulada por un plan. El informe Uthwatt parte, en cambio, de un concepto global de la intervención pública, que lleva a plantear ex novo el problema de la planificación urbanística:

 

La noción de urbanística que adoptamos como base de nuestras deducciones tiene una amplitud que ni la opinión pública ni la ley han reconocido hasta ahora. Su aplicación debe constituir un elemento concreto y permanente en la política interna de este país, debe intentar llevar a cabo la mejor utilización posible del suelo, en el interés de la colectividad y del bienestar individual, e implica la subordinación al bienestar público de los intereses personales y de los deseos de los propietarios. La aceptación sin reservas de esta concepción urbanística es de vital importancia para la política de la reconstrucción, porque todos los aspectos de la actividad del país dependen, en última instancia, del empleo que se hace del suelo. Cuanto más densa sea la población, mejor controlado tiene que ser este uso, para que el territorio limitado pueda dar los servicios indispensables; y cuanto más compleja sea la organización social, más severo debe ser el control de la utilización del suelo, en el interés general.

 

Por lo que respecta a los instrumentos de control público sobre el uso de los terreno, el informe Uthwatt, como el anterior, pare del concepto de que el mayor valor producido por las transformaciones debe pertenecer a la comunidad, no a los propietarios individuales, y sugiere establecer las indemnizaciones según el valor de los terrenos en 1939; ni uno ni otro afirman explícitamente la exigencia de la nacionalización completa del suelo, pero la plantean implícitamente como objetivo de la futura legislación